Entre las múltiples propiedades que una organización pueda poseer, la información está resaltando como el bien más valioso. Y no, no nos referimos solo a la financiera, prueba de ello es que desde finales de 2018 la Ley de información no financiera y diversidad entro en vigencia con el fin de reflejar la valoración, opinión, posición y responsabilidad de las empresas en el mercado actual.
¿Es verdaderamente necesaria esta ley? Sí, pues de la información no financiera depende la aplicación de diferentes medidas que puedan contribuir al crecimiento y demostrar el nivel de responsabilidad social de una empresa. Además, las empresas que se encontraban bajo situaciones dudosas en lo que a estos campos se refiere, pueden dar prueba de su fiabilidad reflejando con sinceridad su estado y situación legal.
Objetivo de La Ley de Información
Esta nueva ley ha permitido la aplicación y adaptación de mejoras en lo referente a recopilación de información no financiera. Otras leyes y decretos, como el Real decreto aprobado en 2017 presentaban carencias notables en estos puntos, por lo cual la información presentada por muchas empresas en lugar de ser exhaustiva era simplemente general.
En cambio las nuevas medidas incluyen el uso de los estándares internacionales de valoración de información, en los cuales se establece el destinatario de la información, contenidos a recopilar, nivel de credibilidad y responsables del proceso de recopilación, así como también los medios para la verificación de la información.
¿Es completamente confiable?
Aunque aún quedan puntos por tratar en esta nueva ley, como un sistema reglamentario y de sanciones, el establecimiento de un régimen disciplinario y organismos de control o monitoreo; el objetivo de exponer de forma neutral información importante para la comparación de empresas y mantener a estas en un nivel adecuado se está cumpliendo.
Así mismo el problema de la omisión de datos importantes de mercado y posicionamiento está desapareciendo, lo cual beneficia tanto a los administradores, como las juntas de accionistas y a cualquier ente o individuo con interés en invertir o beneficiarse de forma legal de la actividad lucrativa que cualquier empresa realice.
Se espera que pronto surjan nuevas opciones que toquen los aspectos aun no desarrollados de las presentes leyes y aclaren otros puntos importantes que requiera la aplicación práctica de la norma.