Con estadísticas así, lo que está claro es que la relación médico-paciente no pasa por el mejor momento. El Observatorio Nacional de Agresiones se creó en 2010 y desde ese momento, se han registrado hasta 2.914 agresiones al personal, aunque intuimos que esta cifra habrá aumentado en los últimos meses. El tipo de violencia más habitual son los insultos, las amenazas y en un menor porcentaje, pero no menos desagradable, las lesiones.
El machismo también aparece en este aspecto. Un 58,3 por ciento de las víctimas son mujeres, mientras que un 41,6 por ciento son hombres. El 87 por ciento de ellas se produjo en el sector público y el riesgo aumentó en urgencias hospitalarias debido en parte al nerviosismo del momento que comentábamos al principio.
Las agresiones a los funcionarios públicos no quedan impunes, ya que se consideran un atentado a la autoridad. Así los recoge el artículo 550 del Código Penal, donde se especifican penas máximas de prisión de hasta cuatro años. Establece tres si el atacado es un funcionario público sanitario o educativo.
Los médicos han declarado que este aumento se debe a una mayor sensibilización entre los profesionales y a diversos factores que favorecen que, por desgracia, se produzcan dichas agresiones. La precariedad laboral o la saturación de las consultas son la clave y es necesario toma medidas formativas para que esta situación se zanje por completo. Se trata de un tema que ocupa y preocupa al Ministerio y, por ello, existe la necesidad de llevar a cabo un sistema de actuación rápida que garantice la seguridad de los profesionales en el campo de la medicina.